Esta editorial, que matiza con precisión el problema de las “normalizaciones” lingüistícas y que responsabiliza de ello a sucesivos gobiernos de todos los signos, debería resultar especialmente aclaratorio para nuestro habitual contertulio, que se muestra “tranquilo” porque el castellano no “desaparece”.
Este aspecto fundamental de los derechos de los padres a educar a sus hijos en castellano, independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentren, se ve frecuentemente pisoteado por algunos nacionalistas radicales que, aún representando a una minoría, juegan un papel determinante en la política regional y nacional. Es esa paradoja de las fórmulas electorales, la que conduce a estas situaciones, a veces esperpénticas, ante las que la actitud del “todo vale” no parece la más adecuada.
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