Farmacia

Al parecer, la Generalidad de Cataluña no tiene dinero suficiente para pagar el gasto farmacéutico de sus asegurados, pero sigue financiando su CNI particular, lo mismo que las embajadas diplomáticamente inservibles, en diferentes países, y otros gastos de representación y reivindicación del nacionalismo más aldeanista. Los profesionales, empresarios de sus oficinas, protestan con razón, pero desde una situación de privilegio propia de nuestro país. Efectivamente, la Seguridad Social ofrece a sus asegurados asistencia médica y farmacéutica, según obra en sus postulados. Mientras los servicios médicos se prestan en Centros de Salud, Ambulatorio y Hospitales públicos, con conciertos puntuales en ocasiones excepcionales, los medicamentos se dispensan a través de empresas privadas, las farmacias partiuclares, en la mayoría de los casos, restando las adquisiciones de la medicación administrada en medio hospitalario o determinados fármacos como los popularmente conocidos como biológicos. El farmacéutico obtiene aproximadamente, uno veinticinco por ciento del valor del específico por el mero hecho de trasladarlo desde la vitrina al mostrador y sin asumir el riesgo de los perecederos, con el que corre el laboratorio que lo produce. Ese margen comercial se multiplica hasta por diez en las líneas OTC o en medicamentos que rebajan su precio para colocar su marca comercial frente a la de la competencia. De este modo, estamos en un país en el que el traspaso de un comercio, que no deja de serlo, de estas características, alcanza cifras millonarias en euros, y es que nada resulta más rentable y menos arriesgado que trasladar fármacos desde un estante hasta un mostrador, sin complicaciones, con márgenes establecidos por la ley en la medicación financiada y con la prohibición expresa de que otras farmacias abran sus puertas en un radio legalmente establecido.

Desde este espacio vamos a proponer que en los Centros de Salud se abra una puerta, junto a la del médico y la enfermera, en la que un farmacéutico a sueldo por la sanidad pública, dispense la medicación a los asegurados, en la cantidad justa y suficiente para tratar su proceso, reservando las farmacias particulares para quienes acudiesen a la sanidad privada, así como para el resto de líneas de productos farmacéuticos no dispensables y los cosméticos.

Una buena idea para ahorrar unos cuantos millones de euros anuales en este momento crítico de la economía nacional, aunque no le haga gracia… a los farmacéuticos.