UGT y CC OO aplican un ERE a 1.200 de sus trabajadores

Una cosa es predicar y otra bien distinta dar ejemplo. Los sindicatos se acogen a la reforma laboral contra la que organizaron una huelga general, para aplicarla después a sus propios empleados. Este tipo de contradicciones, siempre han sido propias del progresismo militante, y entre los propios sindicalistas, hemos visto defender la enseñanza pública a un dirigente cuyos hijos estudian en un elitista colegio bilingüe de la capital; poco tenemos que añadir al comportamiento público de sus líderes, que alternan los cruceros de lujo por el Báltico con las opíparas comidas en el Zalacaín. Ahora el recorte llega a las organizaciones sindicales como consecuencia de los recortes en las subvenciones impuestos por el Partido Popular y la solución más sencilla, como en cualquier empresa, es reducir la plantilla. La diferencia estriba en que si fuese otra quien lo hiciese, motivaría inmediatamente una virulenta movilización sindical en defensa, en supuesta defensa, de los puestos de trabajo. Como decíamos el otro día, la solidaridad bien entendida, empieza por uno mismo.

«La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) siempre se han jactado de ser los defensores de los trabajadores y, según sostienen, por ello han criticado y critican tan insistentemente la reforma laboral del actual Ejecutivo, hasta el punto de convocar una huelga general contra el texto. Sin embargo, del dicho al hecho hay un trecho y, desde la llegada del popular Mariano Rajoy al Gobierno, los sindicatos capitaneados por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo han presentado Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) –tanto temporales como extintivos– que han afectado a más de 1.200 personas. En algunos casos, como en el ERE del «programa Orienta» de la UGT Andalucía, incluso han optado por pagar indemnizaciones de veinte días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades, tal y como permite la nueva legislación. En concreto, UGT ha aprobado ERE en Galicia (31 personas), Cantabria (diez), Navarra (19), Comunidad Valenciana (32), Andalucía (187) y Madrid (36), que han supuesto el despido de 314 personas, y recientemente ha planteado uno en Aragón y otro en la Comunidad Valenciana, que afectarán hasta a 45 y 35 empleados, respectivamente»